Estamos ante uno de los temas más complejos con que se encuentra nuestra sociedad, pues enfrenta cuestiones éticas con temas legales y de principios jurídicos. Por una parte, todo el mundo, sin más consideraciones, tiene que ser atendido por los médicos. Eso es lo que sucede con un terrorista que contrae un tumor y lo que sucede incluso en tiempos de guerra con un soldado enemigo, al que hay que atender aunque diez minutos antes hayas sido tú mismo el que le haya disparado.
Por tanto, al inmigrante sin papeles hay que atenderlo siempre e incondicionalmente, o de lo contrario le estaremos dando un trato peor que al delincuente encaercelado o al enemigo de guerra, lo que no es de recibo.
Por otro lado, cualquier sistema basado en el Estado de Derecho tiene que tener claro que las leyes son para cumplirlas, por lo que no resulta admisible tolerar o hacer la vista gorda a la presencia irregular de personas en el país. Las leyes no pueden ni deben hacer la vista gorda, a riesgo de que eso suponga el desprestigio de la ley como concepto y la generación de excepciones que sirvan luego a otros para incumplir otras leyes. Donde la ley desaparece sólo queda la fuerza, ya sea la del dinero o la de las armas, y nadie quiere vivir en una sociedad así.
Por tanto, en este espinoso asunto, quizás la única salida aceptable, con ser dura, es atender incondicionalmente al indocumentado, de manera gratuita, y expulsarlo acto seguido o ponerlo a disposición de las autoridades para que se cumplan los trámites reglamentarios.
Cualquier otra salida es un acto de inhumanidad o un trapicheo a espaldas de la ley.
Y bien que me jode decirlo.
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